Páginas vistas en total

domingo, 2 de junio de 2013

Contienda Electoral 2013

La última elección presidencial arrojó una diferencia de 37 puntos con la candidatura de Hermes Binner (FAP), la más votada entre los frentes electorales no P. Esa colosal brecha marcó el panorama político hasta nuestros días, esto es la inexistencia del bipartidismo, que lucía consolidado hasta las elecciones de 1999.-
El P en el gobierno tiende a comportarse con la dialéctica oficialismo/oposición, característica de cualquier sistema político democrático. Dos son los factores que suelen promover esta dialéctica política. El primero de ellos es la amplitud y diversidad de apoyos que reúne el FPV, que atraviesa a la sociedad de manera vertical y horizontal. El segundo factor que activa el contrapunto oficialismo/oposición, es la falta de reglas para dirimir la sucesión del liderazgo y, por ende, el control del poder. Después de todo se trata de eso. Esta fuente de la dialéctica oficialismo/oposición está en fase de ebullición, y a punto de parirse. Por eso, estas elecciones de medio término tienen un condimento especial.-
Ya dijimos que en 2005 Néstor Kirchner declaró públicamente, que a su juicio, el ciclo histórico del peronismo tal como lo concebíamos, se había agotado. Ese veredicto recogía su inspiración del cuestionamiento de la izquierda peronista a “las formas tradicionales de hacer política” encarnadas en los caciques territoriales y sindicales. La cruzada regeneracionista de Néstor Kirchner, que alumbró la operación de la “transversalidad” y suscitó grandes expectativas entre los sobrevivientes del FREPASO, tropezó con un escollo fenomenal: gobernar y transformar al mismo tiempo la herramienta política de gobierno, como es el partido gobernante. De allí que a poco de andar fuera sustituida por una salida pragmática. El conflicto que conmueve al oficialismo tiene, en las presentes circunstancias, un perfil novedoso porque se está procesando sobre el telón de fondo de un proyecto ambicioso, la construcción del posperonismo del que hablaba Néstor Kirchner, devenido en kirchnerismo-cristinismo. Leímos a Juliana Di Tullio, horas después de ser confirmada como presidenta del bloque oficialista en Diputados, ser peronista es ser pragmático, una de las verdades no escritas.-
En los últimos tiempos, se desarrollaron dos actos -Plaza de Mayo y Lomas de Zamora-, que mostraron a Cristina marcando un acercamiento con algunos “gobernas”, intendentes del conurbano y popes sindicales. También con actitud de “golpear para negociar” con dirigentes que tienen una pata adentro y otra afuera. Los señalamos: DOS y “massita”. Los cambios en el Gabinete, pragmatismo peronista, puro y duro, correr a Agustín Rossi de la interna santafesina.- 
La provincia de Santa Fe es un distrito importante, renueva 9 bancas de diputados nacionales, con Rossi encabezando la lista, el FPV accedía a un cómodo tercer lugar. La salida del “Chivo” -un impecable presidente de bancada-, permite a la Casa Rosada negociar el cierre de listas con Jorge Obeid y María Eugenia Bielsa. Ambos dirigentes, generan una oferta electoral competitiva, con serias aspiraciones de luchar por el triunfo, de máxima, obtener un segundo lugar, de mínima, muy por encima del devaluado Miguel Torres del Sel.-
La crisis política, económica y social de 2001 afectó el liderazgo de las viejas estructuras sindicales y políticas, las cuales deben revalidar sus títulos ante un pueblo más amplio, más heterogéneo y más demandante, cada dos años. Con esta lectura se llegó a la contienda electoral de 2011.-
Luego de la rotunda victoria de 2011, el proyecto original había retornado con mucha fuerza, con la búsqueda por parte de Cristina de respaldos menos dependientes de la máquina política “pejotista”: los caciques territoriales y sindicales. En su marcha, hizo surgir a la luz enormes grietas dentro del movimiento. Para las jerarquías tradicionales P, el encumbramiento de un/a sucesor/a, sólo promete dos años más de asedio a los “territorios” y, con ellos, la perspectiva que sus caciques sean marginados de la vida política. Éste es el escenario en que se está reponiendo la dialéctica oficialismo/oposición dentro del movimiento creado por Perón, recubierta ahora por los pliegues de la pugna entre peronismo y kirchnerismo-cristinismo. Es posible que un observador externo a esa pugna encuentre difícil explicar la aspereza de los enfrentamientos que se despliegan sin freno, por la inexistencia de una oposición política con vocación de poder. Quienes están involucrados en las luchas internas no padecen esta miopía, tan propia del sentido común no P, porque saben que se disputan el trofeo mayor: la hegemonía sobre el principal partido nacional y, en ese carácter, un recurso estratégico para definir el derrotero del futuro político de la Argentina.-
Cualquiera sea la interpretación, es preciso admitir que, de todos modos, permanece inamovible el punto inicial, el liderazgo de los viejos caciques territoriales y sindicales. En un marco de fisuras en las grandes columnas que sostienen el modelo, discreto aumento de la tasa de desocupación -o al menos el amesetamiento en la creación de nuevo empleo-, déficit fiscal financiado con emisión y herramientas heterodoxas, congelamiento o leve caída del salario real manteniendo la negociación colectiva (CCT), intervención del mercado cambiario con restricciones a la compra de moneda extranjera para atesoramiento y virtual desdoblamiento del mercado con la creación de un dólar turista, caída de las reservas monetarias del BCRA, tasas de inflación en torno al 20% que ya nadie disimula, balanza comercial favorable vía restricción a las importaciones, el oficialismo llega a la contienda electoral abandonando parcialmente su proyecto “transversal” y dispuesto a negociar, de manera pragmática, el cierre de listas.-
En el contexto de una iniciativa lanzada desde “arriba”, esto es la transversalidad y el espaldarazo a Unidos y Organizados, surge la movilización, la conflictividad, la demanda de participación, y el enfrentamiento con  las estructuras de poder –de adentro y de afuera del movimiento- que protegen sus intereses. Así las cosas, la fusión de las dos vertientes dentro del movimiento –la pejotista y la kirchnerista-cristinista- no llega a ser asegurada por los sindicatos, ni por los caciques territoriales, pero tampoco por la nueva elite dirigente –la intelligentsia- a la cual había apostado Cristina.-
Los movimientos en el Gabinete Nacional consolidados, esto es el cambio de cartera ministerial para Puricelli, el nombramiento de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa, la salida de Nilda Garré del Ministerio de Seguridad, la candidatura a diputado nacional del Ministro de Agricultura Norberto Yahuar -y su eventual reemplazo-, las posibles salidas de otros ministros para competir en las elecciones, muestran a Cristina Fernández muy activa a la hora de cerrar la arquitectura electoral de medio término.-
Resta conocer todas las cartas, y si Cristina realmente cree que su único heredero político es el pueblo empoderado o se transforma en la conductora de un nuevo movimiento político conservando el poder hasta 2015 y lograr aplicar el “dedazo”, al mejor estilo priísta mexicano de años ha.-

Varias de estas incógnitas las conoceremos en los próximos días. Otras las contestarán las urnas.-

martes, 20 de noviembre de 2012

El paro del 20 de noviembre


El MOO ha experimentado numerosas fracturas a lo largo de su historia, pero a diferencia de todas las rupturas anteriores, la última no se dio en el contexto de un movimiento situado a la defensiva, más bien tiene lugar en el marco de un proceso de recuperación del poder sindical –al interior de los sindicatos por rama de actividad- y del salario de los trabajadores formales –con tasas de informalidad de alrededor del 30%- que durante 2012 han ajustado a la baja por primera vez en 9 años. La historia está plagada de rupturas originadas en diferencias tácticas y doctrinarias. En 1968 tuvo lugar una disputa histórica entre la CGT oficial, liderada por el metalúrgico Augusto Timoteo Vandor y la CGT de los Argentinos, encabezada por el gráfico Raimundo Ongaro. Esta disputa –como muchas de las divisiones posteriores de la CGT– tenía como eje una diferencia táctica entre quienes entendían que debía exhibirse una posición más conciliadora hacia un gobierno hostil hacia los derechos de los trabajadores (CGT oficial), y un sector que decidió escindirse para adoptar tácticas más militantes (CGT de los Argentinos). Para algunos, la verdadera razón nació de un pacto militar-sindical entre Augusto Timoteo Vandor y el Gral. Juan Carlos Onganía, presidente de facto de la autodenominada “Revolución Argentina” que derrocó al gobierno radical del Dr. Arturo Umberto Illia. El pacto fue un cambio de figuritas que aseguraba un control o encorsetamiento de los reclamos de los trabajadores a cambio del manejo de los fondos de las Obras Sociales. Esta inmensa masa de recursos, se vio incrementada por la obligación de aportar a la obra social de acuerdo a la rama de actividad a la que se pertenecía, un hecho hasta entonces voluntario.-
 Luego de una serie de divisiones experimentadas durante los años del Proceso, entre la CGT Brasil y la CGT Azopardo, a partir del gobierno de Carlos Saúl Menem la CGT atravesó un nuevo proceso de división. Por un lado, los gremios que exhibieron la resistencia más tenaz frente al proyecto neoliberal terminaron por escindirse para fundar una nueva central, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Por otro, al interior del movimiento obrero peronista la CGT se mantuvo dividida entre 1989 y 1992 en dos bandos: la CGT Azopardo, de perfil más militante, liderada por el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, y la CGT San Martín, bajo la conducción del mercantil Güerino Andreoni. Pese a que la central se unificó tras la consolidación del gobierno menemista, la dispersión volvería pronto a azotar a la CGT, hacia el año 2000, Hugo Moyano fracturó la central al escindirse de la CGT oficial dirigida por Rodolfo Daer, erigiendo una “CGT disidente” (el MTA) con una actitud más combativa frente al gobierno del entonces presidente radical Fernando de la Rúa.-
Ahora bien: ¿Por qué la central obrera ha sido tan proclive a la atomización? La primera razón es institucional, está vinculada a la escasa capacidad con la que cuenta la CGT para disciplinar la conducta de sus miembros. A diferencia de otras centrales sindicales, como las europeas, en Argentina la CGT no tiene atribuciones legales para influir en las finanzas de sus sindicatos miembros ni tampoco cuenta con mecanismos para remover líderes díscolos. En el sistema sindical argentino, el poder real se concentra en el sindicato por “rama de actividad”. Son los líderes de los grandes gremios, como camioneros, mercantiles, metalúrgicos, construcción, etc., quienes realmente definen la política sindical. A su vez, los líderes de estos gremios nacionales tienen una enorme capacidad de control sobre la vida al interior de su organización, en virtud de una sencilla razón: los sindicatos nacionales cuentan, a diferencia de la CGT, con la capacidad de congelar las finanzas de las delegaciones rebeldes, e incluso pueden desplazar a liderazgos provinciales insubordinados.-
La legislación nacional apunta a la creación de sindicatos por rama de actividad poderosos, pero al mismo tiempo concibe una CGT débil, con escasas herramientas de “gobernanza” hacia el interior de la vida sindical. Este diseño institucional, un conglomerado de secretarios generales de distintos sindicatos, por rama de actividad, con grandes incentivos para desviarse de las líneas que impone la CGT cada vez que ellas no resultan afines a sus propios intereses personales. El caso del gastronómico Luis Barrionuevo es ilustrativo, acorde a su ávido deseo de protagonismo. El dirigente gastronómico fundó la CGT “Azul y Blanca”, en plena coyuntura del conflicto entre el gobierno y las patronales agropecuarias, a los efectos de exhibir su postura opositora, allá por el año 2008.-
Existe un factor estructural –además del factor institucional desarrollado ut supra- responsable de las múltiples fracturas de la CGT. Una diferencia clave entre el sindicalismo autóctono y otros movimientos de la región, es que el argentino no está vinculado orgánicamente a ningún partido político. Recordemos que las “62 Organizaciones” oficiaban de eslabón entre MOO y el Partido Justicialista, que acordaba la lista de candidatos con la regla no escrita de los tercios y era el verdadero “lubricante” para las campañas políticas.  A pesar que prácticamente todos los dirigentes se reconocen como peronistas, casi ninguno de ellos participa en las decisiones internas del PJ o compite por cargos legislativos o ejecutivos. Este distanciamiento entre el MOO y el PJ fue una consecuencia directa del giro neoliberal emprendido en los años noventa por Menem, que redujo drásticamente la presencia de sindicalistas en el partido, eliminando la vieja regla del tercio y apartando a los líderes sindicales de los puestos partidarios. En verdad la “Renovación” peronista luego de la derrota en la elecciones de 1983, dio el puntapié inicial para el retroceso de los popes sindicales en el movimiento, desde entonces el sindicalismo se ha replegado a una postura corporativa, preocupado mucho más por defender intereses en la arena de las “relaciones industriales”, que por participar de un proyecto político más amplio que defienda los intereses de la clase obrera.-
La desindicalización del PJ fomenta de forma significativa la división de la CGT, al limitar las oportunidades de ascenso político de los dirigentes gremiales. En efecto, el cierre del partido supone que aquellos dirigentes gremiales con ambiciones de crecer políticamente más allá de los estrechos límites de sus sindicatos no tienen a su disposición la posibilidad de iniciar una carrera como legislador, intendente o gobernador. En este escenario, se les abre una sola posibilidad, la secretaría general de la CGT. Así, en un contexto en el que existe un único “premio” y numerosos candidatos con ambiciones de ascender, es natural que la disputa por la Secretaría General se convierta rápidamente en una lucha a todo o nada.-
Entonces, dos elementos heredados del pasado –uno de orden institucional y otro de orden partidario– contribuyen a explicar la tendencia del MOO a dispersarse. Sin embargo, los sucesos contemporáneos no pueden comprenderse solamente a partir de esta suerte de herencia “maldita”. El modelo político iniciado en 2003 ha contribuido también, de forma tanto voluntaria como involuntaria, a potenciar estas tendencias secesionistas.-
La política económica, al favorecer a una cantidad extraordinariamente diversa de sectores productivos, ha conspirado contra la emergencia de un sindicato capaz de ejercer una hegemonía indiscutida en el MOO a través de su preponderancia en la estructura económica-productiva. Históricamente, en el movimiento obrero siempre existió un sindicato hegemónico que, en virtud de la centralidad económica de la rama productiva en cuestión, funcionaba como vanguardia del conjunto y amalgamaba al conjunto. Durante la primera mitad del siglo XX, cuando la economía nacional se basaba en la exportación de productos primarios, ese rol lo ocuparon los ferroviarios, debido a la importancia de los ferrocarriles en el proceso de transporte de los productos agrícolas desde el campo hasta los puertos. A partir de la crisis económica de 1930 y sobre todo después de la IIª Guerra Mundial, la matriz productiva viró hacia un modelo de desarrollo basado en la producción por sustitución de importaciones. Al favorecer este modelo la producción de bienes de capital, bienes intermedios y bienes de consumo durables (automóviles, heladeras, lavarropas, etc.), todos ellos ricos en insumos metalúrgicos, la UOM pasó a ejercer el rol hegemónico. No es casual que en la historiografía sindical argentina los líderes históricos de la UOM (Augusto Timoteo Vandor, José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel) sean identificados como los líderes del movimiento obrero durante esta etapa. La hegemonía metalúrgica perduró hasta principios de la década del noventa. Con la apertura de la economía y la desindustralización, la integración al Mercosur  y el desmantelamiento del sistema ferroviario, la creciente relevancia del transporte de cargas automotor situó a los choferes de camiones como nuevo sindicato hegemónico.-
Sin embargo, ese proceso de sucesión ha quedado trunco por la propia política económica del kirchnerismo, cuya estrategia hacia la clase obrera ha encerrado una paradoja: mientras la política laboral incrementó notablemente el poder adquisitivo de los trabajadores, la política económica conspiró contra la unidad del movimiento obrero al debilitar la hegemonía del sindicato de camioneros en el terreno económico-productivo. La combinación de un tipo de cambio depreciado, una política macroeconómica expansiva y medidas proteccionistas parancelarias favoreció el crecimiento de una serie de industrias nacionales, como la textil, la metalúrgica, la automotriz y otras, que difícilmente hubieran prosperado bajo políticas económicas liberales. De tal forma, los sindicatos de estas industrias comenzaron a incrementar su número de afiliados y su poder de movilización hasta el punto de erigirse en rivales de peso del propio Hugo Moyano.-
Si no fuera así, ¿cómo explicar el hecho que el dirigente de la UOM Antonio Caló sea hoy el líder de la CGT “Balcarce”? Sin considerar las políticas económicas que protegieron a la producción metalúrgica local de la competencia internacional es imposible entender por qué un gremio que perdió casi 100.000 afiliados solo en los primeros años de las reformas neoliberales se encuentra hoy en condiciones de ejercer el liderazgo del movimiento obrero. Más allá de las limitaciones que muestra el propio Antonio Caló, quien cultiva un muy bajo perfil. El modelo económico acentuó la pluralidad del mundo sindical, impidiendo la consolidación de un gremio hegemónico. Desprovisto de esa conducción natural, el movimiento obrero se encontraba “acéfalo” y muchos dirigentes se sienten con derecho a disputar la conducción de la CGT.-
Por último, la interna sindical no puede comprenderse sin la conducción estratégica que la propia Cristina ha desplegado hacia el interior del movimiento obrero. Nos referimos a la frontal oposición de la Presidenta a las ambiciones político-partidarias de los popes sindicales, y su intención de confinar la influencia de los sindicatos, al ámbito de las “relaciones industriales”. Desde la perspectiva de la Presidenta, la época en la que los sindicatos constituían la columna vertebral del movimiento es cosa del pasado, una nueva vuelta de rosca iniciada por la “Renovación” peronista a partir de 1985. Es por ello que los cargos legislativos y ejecutivos del FPV-PJ quedaron reservados a algunos -solo algunos- jefes territoriales y, en menor medida, a los jóvenes de La Cámpora.-
El objetivo de mantener al FPV-PJ desindicalizado explica más que cualquier otro factor la disputa con Hugo Moyano. Cristina Fernández se ha apoyado en las diferencias ideológicas existentes al interior del movimiento obrero (conducción estratégica). Moyano y sus aliados, que buscan la resindicalización del peronismo. Por otro lado, muchos de los gremialistas enfrentados a Moyano, los llamados “gordos” y los “independientes”, que no comparten estas aspiraciones: muchos de ellos creen que el movimiento obrero debe ejercer un rol más “corporativo”, en el cual los sindicatos se limiten a funcionar como grupos de presión orientados a conseguir mejoras salariales y de condiciones de trabajo.-
¿Cuáles son los efectos de la ruptura de la CGT en el escenario político? La respuesta es compleja. Por un lado, en el corto plazo, esta ruptura tendrá escasos efectos en la capacidad del gobierno de mantener la paz social. En ese sentido la sanción de la LRT puede considerarse la frutilla del postre y un claro guiño a los sectores empresarios. Una central atomizada va a afectar decisivamente la dinámica de las negociaciones salariales y condiciones laborales que, no nos engañemos- siempre han estado regidas por los topes sugeridos por la cartera de Trabajo y la capacidad de presión de los sindicatos emplazados en los sectores económicos más dinámicos, y no por alguna directiva impuesta desde la CGT. Más allá de la combatividad de los camioneros, el resto de los sindicatos probablemente continuará negociando sus CCT de la misma forma que en los últimos años.-
En el largo plazo, sin embargo, la fractura provocará problemas serios en dos áreas sensibles para el kirchnerismo: el avance de pactos sociales que procuren soluciones de fondo a los problemas del país, por un lado, y el control de la protesta popular, por el otro. En relación al primer punto, es preciso mencionar que la fractura de la CGT implica la convivencia de cinco centrales sindicales: la CGT moyanista, la que encabezan la mayoría de los “gordos” e “independientes”, irónicamente bautizada CGT “Balcarce” y la “Azul y Blanca” del eterno Luis Barrionuevo, además de la CTA afín al oficialismo liderada por Hugo Yasky y la CTA opositora de Pablo Micheli (digresión: gran carmelazo y alisado del cabello que hace difícil reconocerlo). Esta fragmentación tornará difícil el avance del tipo de pactos sociales que la Presidenta ha enunciado entre sindicatos, empresarios y Estado, a los efectos de promover soluciones no ortodoxas para problemas estructurales, al menos esbozados discursivamente a poco de asumir su segundo mandato.-
Pero la consecuencia más grave para el gobierno es que, por primera vez desde el conflicto con las patronales agropecuarias de 2008, corre el riesgo de perder el control de la protesta popular. De las cinco centrales sindicales antes mencionadas, sólo una (la CTA de Yasky) exhibe una lealtad –al menos por ahora- hacia el oficialismo. Y mientras los “gordos” e “independientes” exhiben una actitud más pragmática, el resto se sitúa hoy en el arco opositor. La CTA de Micheli y el gremio que comanda Moyano se cuentan, además, entre las organizaciones con mayor capacidad para motorizar movilizaciones. Como lo hicieron durante el menemato, es probable que vuelvan a aliarse para desafiar las políticas oficiales. Para un gobierno que ha hecho de la no represión una de sus principales banderas políticas, la pérdida del control sobre la movilización en el espacio público constituye uno de los principales desafíos a futuro.-
Hoy fue un día clave y esto lo saben Cristina y Hugo, cada uno jugó su carta, nosotros fuimos protagonistas y/o espectadores de una jornada que quizás se transforme en una verdadera bisagra. En palabras de Sun Tzu, la suerte está echada, y la reconfiguración de la estructura política que sustenta a Cristina Fernández salteó varios casilleros.-

domingo, 28 de octubre de 2012

La Fragata Libertad y lo oculto


El embargo de la Fragata Libertad por parte del fondo de inversión NML Capital, donde la esposa del candidato a Presidente de los EE.UU por el Partido Republicano Mitt Romney, tiene invertidos 1 millón de dólares, es uno de los tantos buitres que compraron bonos de la deuda externa, demuestra la torpeza de los funcionarios argentinos de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa que no previeron la posibilidad de esa medida preventiva, sabiendo que todavía hay más de 11 mil millones de dólares de bonos en “default”, y que cualquier tenedor puede afectar bienes de la Argentina que se encuentran en el exterior, ya que el gobierno nacional se ha negado reiteradamente a auditar la deuda pública e impugnar los créditos fraudulentos, limitándose a acciones defensivas inoficiosas.-
La discusión sobre la procedencia del embargo o su supuesta ilegalidad está ceñida a diversas disposiciones del Derecho Internacional, muchas de las cuales pueden ser materia de diversas interpretaciones a favor o en contra de la medida cautelar.-
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, establece en su art. 95 la inmunidad de los buques de guerra que se encuentren en alta mar, y genéricamente el art. 32 de la misma, determina la inmunidad de los buques, por lo que en una mirada superficial mostraría como una norma relevante para que la Fragata Libertad sea desafectada y pueda continuar con su navegación. Pero ocurre que en esta cuestión de las inmunidades, no existe una norma de Derecho Internacional explícita que proteja estas embarcaciones, si el propio Estado no se ocupa de su salvaguarda, o si renuncia a las inmunidades que podrían protegerla.-
Los bonos que ejecutaron los fondos buitres y que fueran emitidos a partir del Plan Brady (una respuesta de la plutocracia a la crisis de la deuda en Latinoamérica), durante la década del 90, tienen una cláusula explícita de renuncia del gobierno argentino a oponer la defensa de inmunidad soberana. La renuncia del Estado argentino es total, y solo excluye las reservas de libre disponibilidad de propiedad del Banco Central de la República Argentina, los activos existentes dentro del país y los bienes que se encuentran fuera del país afectados a un servicio público esencial. En ningún caso se excluyó a los buques comerciales o de guerra de esa renuncia a la inmunidad. Además y como una evidencia más del sometimiento a los bancos extranjeros, el Estado se sometió a la aplicación de la Ley de Inmunidades Soberanas de los EE.UU. y a la Ley de Inmunidad de Estado del Reino Unido de Gran Bretaña del año 1978, que admite la procedencia de cualquier país de ser juzgado en esos territorios si declara que los actos celebrados no son actos soberanos, sino comerciales y sujetos, de esta forma, al derecho privado. Además el Estado pactó que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana era irrevocable no solo en el momento de la emisión de los títulos, sino que continuaría vigente, aunque alguna norma posterior así lo determinara.-
Toda la estructura del Plan Brady, que fue impuesta en los países latinoamericanos, para producir una descomunal y vergonzosa transferencia de recursos públicos, contaron con todas estas cláusulas de renuncia y los diferentes gobiernos las aceptaron, sin que nadie realizara objeción alguna, ni aún los abogados del Estado. La única excepción, fue la del Procurador del Estado de Ecuador, Dr. Bertini Arbelaitz, que se negó a convalidar la renegociación de la deuda, por la existencia de estas cláusulas que contrariaban el interés nacional.-
Estos criterios lesivos para la Nación continuaron invariablemente y fue así que cuando Néstor Kirchner emitió el primer decreto de restructuración de la deuda pública en marzo del año 2004, también renunció a oponer la defensa de inmunidad soberana sobre “bienes del Estado Nacional” (Art. 8 del Decreto 319). En una norma posterior, el decreto 1.735 del 9 de diciembre del mismo año, resolvió excluir de la renuncia a la inmunidad a los bienes asignados al uso militar. Cabe agregar que las renuncias a la inmunidad de nuestra soberanía, contaron invariablemente con la conformidad de los distintos Procuradores del Tesoro, que en sus dictámenes estimaron procedente la misma, llegándose al extremo en el caso de los Bonos Brady, que el dictamen firmado por el Procurador fue redactado íntegramente por los abogados de los bancos acreedores (J.P. Morgan y Citibank).-
Es conocido que para la legislación anglosajona (Ghana es miembro de la Mancomunidad de Naciones) los pactos entre partes, están por encima de la ley y deben cumplirse, de acuerdo al principio de la “autonomía de la voluntad”. En el caso de la deuda externa argentina, hay una continuidad estructural en la renuncia a la inmunidad, ya que todos los títulos emitidos a partir de 1976 tienen esa cláusula, que además se repite en toda la instrumentación de las operaciones y está autorizada por los decretos del PEN.-
La renuncia a la soberanía en todas las emisiones de bonos públicos de la deuda externa, se completó con el sometimiento sistemático a la prórroga de jurisdicción en favor de los tribunales de Londres (Reino Unido de Gran Bretaña) y de Nueva York (EE.UU.), desconociendo la tradicional doctrina argentina acerca de las controversias que debían sustanciarse ante nuestros tribunales. Esa lamentable declinación de nuestra potestad jurisdiccional arrancó con la Ley Nº 20.548, promulgada por el Presidente Perón en noviembre de 1973 y se explicitó definitivamente cuando la dictadura militar modificó el artículo 1° del Código Procesal Civil y Comercial, por la cual se permitió la prórroga de la jurisdicción. A partir de allí siempre quedamos a merced de los jueces extranjeros que invariablemente fallaron contra los derechos del país, como ocurriera en el conocido caso Weltover en 1992.-
La Corte Suprema de los EE.UU. estableció, en 1992, con motivo del caso Weltover Inc., que cuando la República Argentina emite bonos actúa como un comerciante particular y, como tal, puede estar sujeta a la jurisdicción de los jueces extranjeros, en este caso estadounidenses. Esta jurisprudencia crea una expectativa favorable a los fondos buitre y a los pleitistas, dificultando así el arreglo de nuestra deuda. Y además, arrasa con el principio del Derecho Internacional Público que dice “par in parem non habet imperium” (algo así, como que un Estado no está sujeto o subordinado a otro). Nuestro país no es un comerciante, es una Nación. Si queremos poner las cosas en su lugar y superar la interpretación de la Corte Suprema de EE.UU. hace falta que la propia República Argentina empiece por respetarse a sí misma, y que la negociación de la deuda argentina se ajuste literalmente a su Constitución Nacional, donde se establecen sabias reglas al respecto que vienen de nuestros próceres de 1853 y 1860. Entre ellas, el Art. 75 inciso 7, establece que corresponde a una Ley del Congreso Nacional arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación, y no al ministro de Economía de turno o a sus banqueros particulares delegados. También debe respetarse el Art. 116, según el cual corresponde a nuestra Corte Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de los asuntos en que ésta sea parte, y no a la Corte estadounidense.-
La soberanía consiste en la posibilidad de determinación del Estado. Una de las personalidades con mayor autoridad científica en el campo del Derecho Internacional Público, Jellinek, la define como "la propiedad del poder de un Estado, en virtud de la cual corresponde exclusivamente a éste la capacidad de determinarse jurídicamente y de obligarse a sí mismo". Con Karl Loewenstein se puede decir que la soberanía constituye la racionalización jurídica del factor poder, es decir, que el soberano es el que está legalmente autorizado en  la sociedad estatal para ejercer el poder político, o aquel que en último término lo ejerce siendo calificado el poder como la infraestructura dinámica de las instituciones sociopolíticas. En la comprensión de la soberanía en el Estado moderno, es el estado el único detentador del poder, pretendiendo ser exclusivo, omnicompetente y omnicomprensivo. Desde la concepción inicial  de la naturaleza de la soberanía de Jean Bodin y Thomas Hobbes, que la estiman de absoluta, perpetua, indivisible e inalienable, se la identifica con el poder legislativo, llevado a situaciones extremas por Rousseau, con la facultad para el detentador del poder de dictar la justicia en base a las leyes que elabora el soberano con las limitaciones que luego surgirán para  la línea absolutista, en cuanto este absolutismo debe ser racional a sea  adecuado al objetivo de gobierno. O podemos decir adecuado al objetivo que fija la voluntad general, siendo esto, en la modernidad, una victoria del constitucionalismo. Al presente, el  concepto político jurídico  de soberanía estaría en crisis tanto en el plano de lo teórico como en el fáctico, ya que tiende a dejar de ser centro único y autónomo de poder. Crisis vinculada al carácter más pluralista de las sociedades democráticas contemporáneas y de la realidad emergente de la interdependencia entre los Estados tanto en el plano jurídico como en el económico político con el nuevo carácter de las relaciones internacionales  a lo que se agregan las llamadas comunidades supranacionales, cuyas autoridades pueden actuar por medio de Cortes de Justicia donde un presunto derecho supranacional se aplica en los casos concretos. También el  mercado con sus empresas transnacionales aparece con poder de decisión libre de controles y dentro de ciertos límites sin superior común. Estas consideraciones se correlacionan directamente con el tema de la jurisdicción en los conflictos entre las partes concurrentes en el negocio jurídico de la deuda pública externa, donde se observa, como consecuencia del fenómeno de la globalización, limitaciones concretas al poder jurisdiccional de los Estados deudores.-
En este tema nos encontramos frente a la existencia de dos clases de jurisdicción: la arbitral y la judicial. Comenzaremos por considerar a la arbitral en primer término, para luego desarrollar el concepto de la judicial. Previamente cabe aclarar que los Estados pueden someterse a la jurisdicción de los Tribunales de otros Estados en forma voluntaria, o renunciar de modo expreso o implícito a su inmunidad de jurisdicción. La distinción entre actos de imperio y actos de gestión es la utilizada a fin de diferenciar los supuestos  en que se admite que el Estado prorrogue su jurisdicción, aceptando  la de Tribunales extranjeros (actos de gestión) de aquéllos en que la jurisdicción aparece como improrrogable (actos de imperio). La citada clasificación resulta generalmente aceptada y es la seguida por la Convención Europea en materia de Inmunidad de los Estados del 16 de mayo de 1976, la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Extranjeros de Estados Unidos de América de 1976 (Forenign Sobereign Inmunities Act o FSIA) y por la Ley Británica de Inmunidad Soberana de 1978, citadas ut supra. En los términos expuestos los actos en que los Estados prorrogan o no su jurisdicción se vinculan con: Actos de imperio, que son manifestaciones de la soberanía estatal y se impone la inmunidad en sentido amplio o absoluto (improrrogabilidad de jurisdicción). Actos de gestión, que se encuadran en el marco del derecho privado domina el principio de autonomía de la voluntad, se considera la actividad comercial del Estado, pudiendo acordarse la prórroga de jurisdicción, con lo que se impone el concepto de inmunidad soberana limitada. La distinción entre actividad comercial y soberana tiene que ver con quien es el que la desarrolla, así la emisión de bonos como actividad comercial puede ser realizada por cualquier persona privada. En cambio será pública si sólo los Estados  soberanos pueden llevarla a cabo. El carácter comercial de los bonos se confirma por el hecho que ellos son, en casi todos los aspectos, transferibles. (Caso Weltover contra República Argentina, 1992).-
El arbitraje es la técnica jurídica por medio de la cual las partes someten libremente la solución de controversias derivadas de la interpretación o ejecución de un contrato a la figura de un “árbitro”, comprometiéndose a aceptar la solución dictada por él. Este es el mecanismo para la solución de controversias habitualmente utilizado en los Tratados Bilaterales sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI). En términos generales, los Tratados Bilaterales de Inversión  definen de  manera  amplia  el  concepto  de  inversión con el fin de contemplar la totalidad o al menos gran parte de los activos que integran el patrimonio del inversor, por ejemplo derechos de propiedad compresivos de hipotecas; privilegios; títulos de crédito o derechos sobre alguna operación que tenga valor económico y que esté directamente relacionada con una inversión; como así también las licencias y permisos conferidos conforme a la ley. Estos acuerdos establecen mecanismos de solución de las controversias y consisten en: negociaciones amistosas, conciliación y el arbitraje internacional. En la mayoría de ellos se establecieron cláusulas que permiten optar por este procedimiento como foro alternativo de solución de controversias surgidas con motivo de inversiones amparadas por dichos tratados. Significa que el “demandante” puede elegir el órgano ante el que iniciará la demanda. Los entes arbitrales ya constituidos son el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), y de la Corte Internacional de Arbitraje (CIA-CCI). Estos órganos no son el ámbito adecuado para resolver controversias sobre deudas sobernas. El consentimiento dado por las partes no puede ser unilateralmente retirado. Las principales características de cado uno son, para el caso del CIADI, creado por la Convención de Washington de 1965 para proporcionar servicios de organización de procesos de conciliación y arbitraje de diferencias, en materia de inversión entre Estados contratantes y nacionales de otros Estados partes de la Convención. El Convenio contiene “Reglas de iniciación”, “Reglas de conciliación” y “Reglas de arbitraje”. Administra los procedimientos de Conciliación y Arbitraje para el arreglo de diferencias relativas a inversiones en las cuales una de las partes no es Estado contratante o nacional de un Estado contratante. Para los que al menos una de las partes es Estado contratante o nacional de Estado contratante, para arreglo de diferencias que no surgen directamente de una inversión. De comprobación de hechos: se limita a la emisión de conclusiones sobre hechos controvertidos para  evitar disputas legales. Pueden tener acceso al sistema  un Estado y un nacional de cualquier otro Estado sean o no Estados contratantes. Para el caso de la CNUDMI, aprobada por Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1976, que recomienda el uso del Reglamento de Arbitraje de esta Comisión. El citado Reglamento contiene una cláusula modelo de arbitraje (o compromiso arbitral) que puede ser incluida en los contratos celebrados por las partes.-
La Corte Internacional de Arbitraje, no es un “tribunal” en el sentido técnico del término. Es un organismo encargado de asegurar la aplicación del Reglamento de Arbitraje de la CCI (Cámara de Comercio Internacional) y de supervisar la totalidad del procedimiento -llevado a cabo por árbitros elegidos por las partes- desde la demanda inicial hasta el laudo final. Tanto en unos como en otros,  los órganos contienen cláusulas modelos de arbitraje que pueden ser consideradas por las partes al firmar los compromisos. Los préstamos otorgados por los organismos multilaterales de crédito como el FMI. Banco Mundial, BID, y Fonplata contienen cláusulas que incluyen el sometimiento a tribunales arbitrales. Los préstamos otorgados por el  Fondo Monetario Internacional no contienen cláusulas relativas a mecanismos para la solución de controversias, sí existen normas relativas a la  consideración de desacuerdos entre el Fondo y un país miembro retirado del Departamento de Derechos Especiales de Giro, en el que se establece que el desacuerdo se someterá a arbitraje por un tribunal de tres miembros. Con relación al BID, habitualmente se pacta una cláusula de sometimiento a un tribunal arbitral también de tres miembros designados, uno por el Banco, uno por el Prestatario y otro por el Dirimente, de común acuerdo o por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos o el Presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En  el  Club  de  Paris,  no  existe un criterio uniforme por cuanto se trata de relaciones bilaterales entre Estados, pero el contrato de préstamo sobre reestructuración de noviembre de 1991, celebrado entre la República Argentina y la Export Development Corporation de Canadá, dispone que en ausencia de acuerdo sobre las disputas que surgieran entre las partes dentro de los 90 días se resolverán por las normas de procedimiento arbitral de la ONU, para cuestiones de Derecho Comercial Internacional, por uno o más árbitros, siendo el lugar de arbitraje Estocolmo, Suecia y el procedimiento en idioma inglés. Para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, se prevé el sometimiento a las normas generales de procedimiento y fallo de los tribunales arbitrales.-
Se denomina “Laudo Arbitral”  a la decisión final con la que concluye el procedimiento de arbitraje. Ahora bien,  el compromiso arbitral delimita en forma definitiva el objeto del proceso arbitral. Es por ello que el requisito objetivo básico del laudo arbitral es su estricta adecuación a las cuestiones incluidas en el compromiso. Comparte este principio lo fallado en la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina en el caso “Cartellone c/ Hidronor SA”. En consecuencia, se considera nulo el laudo que transforma las pretensiones de una de las partes introduciendo nuevas cuestiones como integrantes de la litis y variando así el compromiso. Se señala entonces, que no puede lícitamente interpretarse que la renuncia de las partes a apelar una decisión arbitral se extienda a supuestos en que los términos del laudo que se dicte contraríen el orden público, pues no es lógico prever, al formular una renuncia con ese contenido, que los árbitros adoptarán una decisión que incurra en aquel vicio. La apreciación de los hechos y la aplicación regular del derecho son funciones de los árbitros y, en consecuencia, el laudo que dicten será inapelable en esas condiciones, pero, en cambio, su decisión podrá impugnarse judicialmente cuando sea inconstitucional, ilegal, irrazonable o contraria a su objeto. Respecto del reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales, se ha establecido que las sentencias a ejecutar deben haberse originado en controversias entre personas naturales o jurídicas y que cada Estado podrá declarar los límites del compromiso arbitral. El  cumplimiento de un fallo se evalúa por un juez local en lo que hace a la competencia de un árbitro, al procedimiento y a la adecuación al orden público.-
Cuando los títulos públicos en moneda local o extranjera no contienen en las condiciones de emisión, cláusulas sobre jurisdicción y legislación aplicable, se consideran sujetos a la jurisdicción local. En otros casos se establecen en las series de cada bono que se rigen por las leyes de un Estado extranjero y que el Estado local se somete “irrevocablemente” a la jurisdicción  de cualquier tribunal de ese Estado extranjero, como ocurre con los bonos PAR y Discount. Mientras que si se pacta una jurisdicción concurrente, como ocurre en el fideicomiso para determinadas series PAR y Discounts pactadas en dólares y euros, puede recurrirse ante EE.UU., Reino Unido de Gran bretaña o tribunales de la República Argentina, siendo el acreedor el que podrá optar entre el tribunal local o extranjero. Se considera inadecuado validar  la prórroga de jurisdicción a Tribunales Arbitrales, que no funcionen como un sistema jurisdiccional, ya que entonces el Estado quedaría al margen de la previsibilidad que dan los precedentes o de la existencia de tribunales de alzada. En ese marco la prórroga, tratándose de actos de gestión, no inhibe la posibilidad de control posterior de constitucionalidad por parte de un tribunal nacional. Se afirma la igualdad jurídica  de los Estados si la prórroga de jurisdicción se entiende como relación entre ordenamientos jurídicos y es permitida en términos de reciprocidad.-
Desde mediados de  la década del ´70 la deuda de los ahora llamados países emergentes, ha crecido en forma exponencial, generando una serie de crisis profundas de pagos que han transformado la naturaleza de la misma y han obligado a los participantes a desarrollar diferentes mecanismos para sortear las sucesivas dificultades. Desde los préstamos sindicados de los ´80 a los bonos de los ´90 ha cambiado la dinámica de las relaciones entre acreedores y deudores y, por añadidura, la forma de resolver los problemas de pagos. Debemos diferenciar a los acreedores clasificándolos en privados y oficiales. Los privados incluyen instituciones financieras internacionales, firmas de inversores y sociedades de bolsa, inversores institucionales, bancos, las AFJP, Fondos Comunes de Inversión e inversores minoristas. Los públicos son, entre otros,  el FMI, el BID, el Banco Mundial y el Club de Paris. Este es el cambio sustancial. Donde antes eran mayoría los convenios multilaterales o bilaterales hoy en día aparecen preponderantemente los bonistas individuales y los fondos de inversión. En 1989, George Bush, encomendó al Secretario del Tesoro Nicholas Brady, el plan de reestructuración de deuda reconocido como Plan Brady, consistente en que los préstamos  de los bancos comerciales fueran securitizados en títulos de deuda libremente negociables con garantía de bonos del Tesoro de EEUU, que comprarían los Estados acreedores, sujeto a las siguientes condiciones: 1) Carácter voluntario del canje. 2) Reducción del capital. 3) Menor tasa de interés. 4) Eventual participación en un nuevo canje de los títulos por acciones en empresas públicas a privatizar con la obligación de reformas reguladas por el FMI. Este Plan fue instrumentado en México, Argentina, Brasil, Venezuela y Panamá, entre otros. Sobre el particular, en los casos de incumplimiento algunos países deudores fueron demandados judicialmente, en los tribunales de EE.UU., como el caso de Perú. En estos supuestos se dio la circunstancia de inversores que compraron deuda soberana en default en valores reales muy inferiores al nominal para luego pretender el cobro judicial por los valores inicialmente pactados, es decir, que actuaron como especuladores, calificados por el FMI, como “fondos buitres”. Este Plan Brady y la securitización generaron un nuevo tipo de acreedor, titulares dispersos por  todo el mundo y en las acciones promovidas ante el incumplimiento  de las obligaciones, en EE.UU.  y Europa, dieron pronunciamientos favorables a los acreedores, basados en la consideración de deuda comercial. La mayoría de los actuales acreedores no se ven limitados como los grandes bancos comerciales a evitar el default ya que las acciones judiciales le permiten obtener grandes beneficios. En cuanto a los principios internacionales aplicables a la resolución de conflictos judiciales planteados en relación con la deuda externa, cabe recordar que en razón de las cláusulas de renuncia de soberanía o de sometimiento voluntario, la mayor parte de la deuda soberana de algunos países de Latinoamérica, se encuentra sujeta a la legislación norteamericana y a la jurisdicción del tribunal del distrito sur del Estado de Nueva York, por estar allí el mercado en que se comercializan los títulos. Las defensas legales de las que se han valido los Estados deudores frente a dicho tribunal han sido principalmente tres: a) Inmunidad del Estado Soberano; b) Doctrina del Acto de Estado y c) Cortesía Internacional. En términos generales, los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción sobre un Estado extranjero o cualquiera de sus agencias o dependencias. Sin embargo, se dispone que en algunos casos los Estados extranjeros sí pueden ser demandados, juzgados, condenados, embargados y ejecutados en tribunales norteamericanos, cuando se trate de una actividad comercial no alcanzada por dicho instituto, incluyendo como tal la de prestar dinero. En caso de una dispensa completa de la inmunidad, los activos comerciales del deudor se encuentran sujetos a ser demandados y ejecutados. Las reservas del Banco Central son consideradas inmunes en EE.UU., los bienes afectados a la actividad soberana por lo tanto están exentos de embargos. La protección otorgada por la Convención de Viena es renunciable. Los fondos provistos por el FMI, BID y Banco Mundial se encuentran protegidos por una inmunidad amplia. No así para el caso de los pagos del deudor hacia estos Organismos. En Europa los tribunales tienen un criterio más restrictivo y permiten el embargo de las reservas del Banco Central por considerarlas separadas del Estado. También en Inglaterra existe la inmunidad soberana restringida. Para Gran Bretaña la toma de préstamos es actividad comercial y en consecuencia son considerados no inmunes. La doctrina del Acto de Estado es de creación judicial y por la misma un Estado no puede juzgar la validez de los actos oficiales de otro Estado ejecutados y con efectos en el ámbito de competencia territorial del último. Conforme  a la jurisprudencia de EE.UU. (Underhill vs. Hernandez de 1897 y Banco Nacional de Cuba vs. Sabatino de 1964), en los supuestos que el cumplimiento de las obligaciones contractuales afectase de alguna manera los intereses de ese país resultaría inaplicable. La cortesía internacional (Internacional Comity) no tiene fuerza legal sino diplomática entre los países que integran la comunidad de naciones, basándose en razones de respeto y conveniencia internacional que deben armonizar cuando se afectan intereses de inversores extranjeros resulta inaplicable, aunque si puede ser procedente para conceder prórroga en la ejecución de sentencias. El único requisito que se exige es que dichos actos sean consistentes con las leyes y la política de los poderes de los Estados Unidos. En la aplicación de tales principios, puede observarse del análisis de los fallos de los tribunales norteamericanos que en general han mantenido una posición ”pro-acreedor”. Así, por ejemplo, respecto de la práctica de adquirir títulos de deuda soberana con el sólo propósito de iniciar acciones judiciales tendientes a perseguir su cobro, la segunda instancia estadounidense (no obstante la prohibición normativa) permitió formular el reclamo, ( por ejemplo el caso ”Elliot Associates” de 1999).-
En la República Argentina la jurisprudencia sentada por su más alto tribunal en el caso “Galli, Hugo Gabriel y otro c/Estado Nacional”, parte de la base que la legislación de emergencia responde al intento de conjurar o atenuar los efectos de situaciones anómalas, ya sean económicas sociales o de otra naturaleza y constituye la expresión jurídica de una estado de necesidad generalizado, cuya existencia y gravedad corresponde apreciar al legislador sin que los órganos judiciales puedan revisar su decisión ni la oportunidad de las medidas que escoja para remediar aquellas circunstancias. No obstante ello las normas que alteren las condiciones originales de emisión de los títulos de la deuda  pública nacional, y suspendieron su pago, no contradicen la garantía de la razonabilidad porque se justifican por los hechos que les han dado origen. La regla general en materia de emisión de bonos de la deuda pública es el respeto de las condiciones  pactadas, las que sólo pueden ser modificadas en situaciones de emergencia extrema. Dicha situación excepcional y gravísima que llevó al Estado a modificar las condiciones de emisión de los títulos lleva a convalidar las restricciones impuestas a los tenedores ya que se presentan como razonables. En el caso Peralta Luisa c/Estado Nacional, del 27 de diciembre de 1990, partiendo de la base que la norma en análisis constituía una ley de emergencia, la Corte puntualizó que su fundamento está en la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones y atenuar su gravitación negativa. En lo sustantivo considera finalmente, que da lo mismo que la moneda pierda poder adquisitivo o de compra si se reduce su cantidad nominal que si ésta se mantiene, pero con motivo de la intervención gubernamental aumenta el precio de los bienes restantes y cosas del mercado, sin los cuales el dinero carece de sentido. Este criterio se correlaciona con el de Corte Suprema de los Estados Unidos de América, que en febrero de 1935 sostuviera en las causas acumuladas, “Norman c/ Baltimore  & Ohio Railroad Company” y en el concurso preventivo instituido por la “Missouri Pacific Railroad Company”, donde se debatía si las deudas de los obligados mediando cláusula oro, debían ser pagadas en dinero en  curso legal o en metálico ante la eventualidad de la depreciación monetaria y la liberación por un valor menor al establecido. Se fijó la siguiente doctrina, la liberación de las obligaciones emergentes de la cláusula contractual se produce mediante la declaración que ella está en contra de la política pública, y mediante la entrega de una moneda de curso legal al momento del pago cumplió con su obligación por lo que, los tenedores de bonos en oro ferroviarios preexistentes  no  fueron  privados  de  sus derechos, ya que el Congreso, en vista del gran volumen de obligaciones en oro, no actuó arbitrariamente  en la determinación de que dichas cláusulas interfirieron con su política monetaria. Una ley que invalida las cláusulas  sobre el oro en las obligaciones existentes, en la medida en que se aplique a las obligaciones no federales, resulta ser un medio apropiado para  ponerle un fin legítimo y evita la interferencia con la política monetaria del Congreso. La decisión con respecto a la necesidad de adopción de dicho medio es final, y la Corte, en una acción promovida por un acreedor que invoque la Quinta Enmienda, podría averiguar sólo si la acción del Congreso en tal sentido es arbitraria o caprichosa, o sea, es legítima la ley que invalida las cláusulas oro en las obligaciones no federales, en tanto es un medio para evitar la interferencia en la política monetaria del Congreso. La Corte sólo podrá revisar la acción del Congreso en el supuesto de arbitrariedad.-
Si no se abandonan estos criterios de sometimiento, los mercados financieros, los fondos buitres y todos los especuladores de deuda soberana continuarán haciendo de las suyas. Los amparan títulos de deuda y decretos de gobiernos, que en esta política de negociar el endeudamiento no vacilaron en comprometer la soberanía de la República Argentina.-
Por último, debemos subrayar la necesidad de revisar la adhesión a organismos tales como el CIADI, debemos reflexionar acerca del discurso que promueve el ingreso a los mercados para tomar deuda, porque ninguno de los que propone esto explica bajo qué condiciones, ni tasas de interés, ni plazos. Debemos leer con atención los fallos de la Corte, para que no nos hagan creer que es un Poder aséptico sin posturas políticas. La resolución de la crisis desatada por la Fragata Libertad en Ghana nos dará una respuesta acerca de las dudas que nos planteamos. Llama la atención que los medios que propalaron el discurso acerca de la soberanía de las Islas Malvinas, montando posturas contrarias al interés nacional, se muestren indignadas por lo sucedido con la Fragata y no nos cuenten todos los entretelones jurídicos y políticos de neto corte neoliberal, que permiten a NML Capital accionar judicialmente en Ghana.-

martes, 10 de julio de 2012

El golpe suave. La Teoría de Thierry Meyssan


El periodista francés Thierry Meyssan desarrolló, a través de su análisis de golpes de estado en distintos puntos del planeta, su teoría sobre el método del “golpe suave” concepto emparentado con las revoluciones de los colores, que los organismos e instituciones imperialistas han implementado, con éxito, en varios países. De acuerdo a su teoría una parte del proceso se realiza a través de acciones no violentas y por otro lado se realizan acciones clandestinas muy clásicas. Lo original del asunto, es que el proceso se basa en la división del pueblo, en poner a la gente una contra otra y el trabajo sucio es llevado a cabo por gente de buena fe, pero que no se da cuenta que son manipulados y utilizados contra su propio interés.- 
Estos métodos fueron utilizados con cierto éxito en Serbia (2000), Georgia (2003), Ucrania (2004), Afganistán, Líbano. En este último lugar no funcionó por mucho tiempo y hubo intentos, como en Bielorrusia o Venezuela, donde fracasó.-
“La no violencia como técnica de acción política puede ser utilizada con cualquier fin” asegura el politólogo Gene Sharp, señalado por diferentes organizaciones sociales y gobiernos, de ser el ideólogo de los denominados “Golpes Suaves”. Desconocido para el público, elaboró una teoría sobre la no violencia como arma política. Por cuenta de la OTAN y más tarde de la CIA, formó a los líderes de los golpes de estado suave de los últimos quince años.-
La punta de lanza de estos golpes suele involucrar a la juventud y algún grupo determinado como, por ejemplo, los trabajadores de un gremio específico, con capacidad de movilizar personas que sean capaces de llevar a cabo acciones violentas en la calle, en el espacio público. Esto se efectúa de manera enmascarada, durante el mayor tiempo posible y luego o simultáneamente, se intenta corromper y manipular a algunos dirigentes políticos.-
Primero se dirige a gente de buena fe, los hacen salir a la calle, al espacio público, dirigirlos contra el gobierno, crear una situación de bloqueo en la cual no se puede discutir, donde la  gente de buena fe se puede llegar a enfrentar duramente entre sí. Luego, cuando el descontento popular crece, debe crearse la impresión que el gobierno ya no representa el interés nacional y popular, que la legitimidad cae del lado de la sociedad civil. En resumen, el gobierno pierde legitimidad y esta la transfiere a la sociedad civil. La gente que lleva a cabo estos diferentes mecanismos, son especialistas en manipulación de las emociones de las masas: comienza con un pequeño grupo, pero se extiende muy rápido a toda la nación. Cuando el proceso haya finalizado, de repente, las personas abrirán los ojos y pensarán, ¿qué hemos hecho?-

Esto se vio en Ucrania en 2004, donde la gente que había participado en la Revolución Naranja, que había derrumbado al gobierno, fueron los primeros en lamentarse.-

Lo mismo sucede en el Kazajstán, por ejemplo, pero en el movimiento la emoción vence a la razón; sobrepasa la razón y uno no ve lo que está sucediendo, es un efecto de masa.-

La confrontación es lo peor en el momento que se produce el golpe, primero hay que desarmar a la oposición, esa oposición está respondiendo a su frustración. Se le debe quitar el debate, no hay que caer en el engranaje de responder por la violencia.-

Meyssan, recomienda producir una ilusión para detener este tipo de golpes. Como él mismo aconsejó a dirigentes libaneses durante la Revolución de los Cedros.-

Los dirigentes libaneses tomaron en cuenta sus consejos y esta revolución se detuvo en pocos días. Hay que tomar el tiempo de examinar como se organiza la ilusión, cómo se le hace creer a las personas que sus mejores amigos son sus enemigos.-

Cuando uno entiende como se hace, lo puede desbaratar, puede desbaratar la ilusión. Desde luego esto se hace siempre con algunos sacrificios: es necesario que las autoridades acepten cuestionar una parte de su poder para poder apoyarse sobre su propio pueblo, cuando el gobierno le da la confianza al pueblo es que se puede mantener la paz civil.-

Aunque las circunstancias varían entre las distintas regiones y momentos, si bien no en todos los casos se cumple al pie de la letra con todos los enunciados estas serían las etapas de un Golpe Suave:

1ra etapa: Ablandamiento (empleando la guerra de IV generación) 
• Desarrollo de matrices de opinión centradas en déficit reales o potenciales.
• Cabalgamiento de los conflictos y promoción del descontento.
• Promoción de factores de malestar, entre los que destacan: desabastecimiento, criminalidad, manipulación del dólar, paro patronal y otros.
• Denuncias de corrupción, promoción de intrigas sectarias y fractura de la unidad.

2da etapa: Deslegitimación
• Manipulación de los prejuicios anticomunistas o antipopulares.
• Impulso de campañas publicitarias en defensa de la libertad de prensa, derechos humanos y libertades públicas.
• Acusaciones de totalitarismo y pensamiento único.
• Fractura ético-política.

3ra etapa: Calentamiento de calle
• Cabalgamiento de los conflictos y fomento de la movilización de calle.
• Elaboración de una plataforma de lucha que engloben las demandas políticas y sociales.
• Generalización de todo tipo de protestas, exagerando fallas y errores del gobierno.
• Organización de manifestaciones y tomas de instituciones públicas (no respeto a las instituciones) acentuando la confrontación.

4ta etapa: Combinación de diversas formas de lucha
• Organización de marchas y tomas de instituciones emblemáticas, con el objeto de coparlas y convertirlas en plataforma publicitaria.
• Desarrollo de operaciones de guerra psicológica y acciones armadas para justificar medidas represivas y crear un clima de ingobernabilidad.
• Impulso de campaña de rumores entre fuerzas militares y policiales, tratando de desmoralizar los organismos de seguridad.

5ta etapa: Fractura institucional
Sobre la base de las acciones callejeras, tomas de instituciones y pronunciamiento militares, se obliga a la renuncia del presidente. En casos de fracaso, se mantiene la presión en la calle y se migra hacia la resistencia armada. Preparación del terreno para una intervención militar del Imperio o el desarrollo de una guerra civil prolongada. Promoción del aislamiento internacional y el cerco económico.

lunes, 2 de julio de 2012

Geopolítica y geoestrategia desde una visión suramericana


La estrategia se define como un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, podemos resumirla como un patrón en acción. Se refiere a un amplio plan de acción que se implementa a través de políticas de mediano y largo plazo. Mientras que la geopolítica es ostensiblemente neutral, examinando las características geográficas y políticas de diversas regiones, especialmente el impacto de la geografía en la política.-
A partir de los ´70 la geopolítica recupera el interés perdido y vuelve a crecer en los últimos años, como consecuencia de las tensiones internacionales. Conceptos como eje, estado tapón, países aliados, área comercial, etc., son términos geopolíticos comúnmente utilizados. Tampoco se puede olvidar una nueva vertiente de la geografía política: el desarrollo de grandes compañías u organizaciones multinacionales de gran poder económico y político (algunas similares o mayores que muchos Estados), que fomentan estrategias territoriales cercanas al estudio de la geopolítica (geopolítica macroeconómica). Una nota de color, es la utilización del término compañía, como sinónimo de empresa, pero debe notarse que compañía, entraña acompañamiento, seguimiento y sometimiento a su misión y visión. Queda claro que la misión y la visión estratégica del Estado no son el lucro y la maximización de utilidades.-
La geoestrategia implica el planeamiento comprensivo, asignando los medios para alcanzar metas nacionales o asegurar activos de importancia militar o política. Un recurso estratégico debemos definirlo como un recurso escaso (finito), clave para que a través de su control, asegurarnos la defensa de los intereses nacionales y lograr que con estrategias concretas esos recursos sirvan al bienestar de sus legítimos poseedores, el pueblo.-
En este momento los conflictos son numerosos, el “control” de los mismos permitirá la continuidad de la supremacía de países con un alto desarrollo mantener ese lugar, postergando a la mayoría de los países del planeta lograr encauzar la senda del desarrollo económico y el bienestar de la población. Debemos ver a Suramérica como la “isla continente”, con 350 millones de habitantes. Para tener una idea más concreta, algunos datos se deben tener en cuenta sobre nuestro continente suramericano: grandes extensiones de tierras cultivables y suelos poco o nada degradados, 11% de reservas de petróleo y 15% de producción mundial de crudo, 6% de las reservas de gas y el 20% del potencial mundial de recursos hidroenergéticos, 30% del agua dulce del planeta (el acuífero Guaraní es el tercero del mundo) y en cuanto a biodiversidad, el pantanal de Matto Grosso es el humedal de mayor extensión y la mayor reserva de biodiversidad del planeta, en Argentina la mayor biodiversidad están en las Yungas –Salta y Jujuy- y en la selva misionera. También podemos agregar el mayor humedal de nuestro país, los esteros del Iberá.-
Es por ello que la América del Sur debe repensarse como una unidad geopolítica con sentido propio y así dar un paso importante para eliminar la actual fragmentación del continente. De manera que hacer extensiva la propuesta a la totalidad de Suramérica es un acto de prudencia, a la vez que de percepción estratégica. La Argentina no solo cuenta con una parte importante del tercer reservorio mundial de agua dulce que es el acuífero Guaraní, sino también con las reservas de agua de los hielos continentales en los Andes patagónicos y próximamente la posibilidad que si no se trabaja en conjunto con los países de nuestro continente, el recurso Antártida agua dulce de primera calidad, sea explotada sin nuestra participación, grandes recursos mineros, sus tierras para la producción de alimentos y nuestro mar continental que se extiende más allá de las 350 millas náuticas de nuestras costas, lo que nos otorga un territorio de casi la misma extensión que el continental (con riquezas alimentarias, y de recursos si tomamos en cuenta los recientes descubrimientos de Brasil mar adentro, no podemos dejar de considerar la posibilidad concreta que también en nuestro mar existan grandes reservas subterráneas. Gran Bretaña está explorando en ese dirección alrededor de las islas Malvinas y no es de extrañar por ello su pretensión de ampliar la zona de exclusión de 200 a 350 millas náuticas alrededor de ellas.-
Hace un tiempo se había simplificado el mundo en cuatro escalas o peldaños. La primera escala, la hegemónica, ocupada por EE.UU. que está perdiendo ese sitial desde comienzos de 2001, en forma sorprendentemente acelerada. En el segundo peldaño una serie de países con fuerte autonomía y desarrollo económico, la Unión Europea y Japón, cuyas economías se encuentran en franca recesión. El tercer escalón, ocupado por países con cierto nivel de resistencia y con fuerte control en su interior, como son el caso de China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, es decir, los BRICS. Y cuarto, el resto del mundo, entre ellos la Argentina y el resto de los países suramericanos, por su falta de ideas estratégicas que faltan en los últimos de 60 años. Es el resurgir del Estado, volviendo a asumir su rol de generador de políticas y estrategias para establecer sus relaciones en un mundo en cambio permanente.-
Veamos los actores del tercer nivel, China ya es la segunda economía del mundo, con una política que llevó adelante el Estado chino, Rusia vuelve a ser el gran jugador después de la implosión de la URSS y lo hizo a través del control estatal de los recursos energéticos. Brasil es la sexta economía del mundo, desplazando de ese lugar a Gran Bretaña. Recomiendo leer al pensador Francis Fukuyama que luego de su libro el “Fin de la historia”, ahora escribe sobre la importancia del Estado-Nación. Las estrategias son múltiples en naciones permisivas o debilitadas. el control se hace de una manera directa o por la permisividad o complicidad de los dirigentes políticos locales, con el apoyo de los mass media, que funcionan como esterilizadores de todo tipo de resistencia intelectual y moral del país, quien discute esa política es un retrógrado, estatista, populista, etc. Y si existe una resistencia a estos planes, la injerencia en la política interior de esos países, promoviendo sus conflictos internos como vimos en Bolivia, años atrás, al borde de la secesión. Y si estos métodos fallan, se puede recurrir al golpe de Estado, al cual algún trasnochado llama institucional. No existen los golpes institucionales, es una forma de golpe de Estado que no figura en ningún tratado de Ciencias Políticas, como el ocurrido días atrás en la hermana República del Paraguay.-
Por último, les queda el conflicto armado, a estas alturas nos preguntamos cuales son las graves situaciones en que se encuentra América del Sur para que EEUU active la IV flota para esta región, el despliegue de bases norteamericanas en Suramérica y el Caribe, la instalación de una base de la OTAN en el Atlántico Sur, sobre las islas Malvinas, la Base Mount Pleasant. Sobre este territorio de ultramar británico, un eufemismo moderno para denominar una colonia, hay 2 militares por cada 1 habitante civil.-
Ahora estamos viviendo un boom de la soja que no fue planificada por el país, sino por grupos multinacionales (Monsanto, por ejemplo), que no tienen la misma forma de actuar en los países centrales por los controles estatales de los mismos y esto genera grandes depredaciones de tierras que se podrían usar para otros productos alimentarios, viendo la escasez de alimentos que se avecina en el mundo. El conflicto irresoluto de Malvinas no frena y le da oportunidad a Gran Bretaña que abandona el Mar del Norte al caer su producción y por la reciente imposición de Rusia de controlar su zona hasta el ártico. La llevó a buscar en nuestra zona nuevas fuentes. El siglo XX finalizó en 1989 con la caída del muro de Berlín y la implosión de la URRS en 1999. Es el fin de la lucha Ideológica (bipolaridad) que enfrentó al capitalismo y el comunismo. Vuelven entonces por sus fueros los criterios geopolíticos y geoestratégicos en el análisis de las relaciones internacionales. El pensador francés Alain Touraine, en la hipótesis sobre cómo analizar los nuevos paradigmas del mundo después del 11 de septiembre: “Estaríamos asistiendo al paso de la lógica de la sociedad, a la lógica de la guerra. La potencia hegemónica, Estados Unidos, ha decidido no resolver más los problemas por la vía diplomática y por el diálogo sino por la intervención y por la guerra, llevada, si fuera preciso, a cualquier parte del mundo.” Podemos agregar que ahora, hasta es capaz de enviar grupos comandos a asesinar personas, incluso a ciudadanos norteamericanos.-
Por ello, la experiencia comparada mundial evidencia que el desarrollo y no el mero crecimiento económico de un país, es más exitoso cuanto mayor es el compromiso por parte de todos los actores (políticos, económicos, sociales) en impulsarlo con una visión estratégica consensuada de mediano y largo plazo. De ahí la importancia de comprender que su construcción, lejos de ser la tarea de un solo hombre o mujer, de un solo partido o de un solo sector, debe verse como el compromiso de toda la sociedad expresado a través de sus diversos actores, sectores e instituciones. Sólo así, tal compromiso será exitoso y sustentable en el largo plazo.-
En los últimos 60 años falta capacidad de pensamiento estratégico en Argentina, el último intento planificado fue el proyecto de Juan Domingo Perón, llamado modelo nacional. En un mundo globalizado de nuestros días, contar con una visión de país de largo plazo constituye un activo estratégico valiosísimo, ya que en él compiten las naciones y las empresas, con acervos de capital de toda índole. En efecto, la mayoría de los países que durante las últimas décadas han tenido las tasas más altas de crecimiento económico y desarrollo son precisamente aquellos que han contado con una visión nacional de mediano y largo plazo acompañada de las correspondientes políticas de Estado.-
Esa lógica la podemos comprobar en casi todas las regiones del mundo, también observamos que el despliegue militar de Estados Unidos es coherente con estos enunciados. Esta hipótesis relativa a nuestra región y área de influencia nos debe importar por los intereses en juego. La política puramente nacional es algo casi puramente de provincias. Hoy todo es política internacional, que se juega adentro o afuera de los países. Esa es una nueva amenaza en que se encuentra los recursos naturales de los países en vías de desarrollo, ahora los países desarrollados, o sea el grupo de los 8 conjuntamente con sus empresas multinacionales y el sistema financiero pretenden que los recursos naturales del mundo sean considerados “bienes universales”, y por lo tanto ya no puedan ser administrados por sus legítimos propietarios, porque ahora que ellos agotaron los mismos en sus territorios o los han contaminado de tal manera que es imposible su uso, pretenden que los compartamos con ellos. En América del Sur ya se ha visto parte de esta estrategia, al intentar considerar a la Amazonia como un bien de la humanidad. Brasil con gran premura modificó sus hipótesis de conflicto y desarrolló una nueva hipótesis para sus fuerzas armadas, la cual es la de defender a los mismos y fundamentalmente a la Amazonia. Recientemente, se encontró con otro tipo de acción para controlar estas extensiones, el intento de un grupo de financistas internacionales de intentar comprar gigantescas porciones de tierras en la Amazonia. Es saludable, observar que en los últimos 9 años, hemos avanzado en la integración regional, hemos recuperado soberanía energética, hemos profundizado nuestra relación estratégica con Brasil, un actor regional con proyección internacional, formando parte un bloque de países (BRICS) que juegan en un tercer escalón en un mundo más multipolar. Unasur y Mercosur han jugado un rol interesante en la crisis política que desalojó al Presidente Fernando Lugo en Paraguay, con esta forma moderna de llevar a cabo un golpe de Estado.-
El ingreso de Venezuela y la invitación al resto de países suramericanos a integrar el Mercosur van en esa dirección, teniendo en cuenta que el hardland suramericano, es un rombo algo irregular que une Buenos Aires-Brasilia-Caracas-Lima (en estricto orden alfabético). Si miramos el mapa no debemos sorprendernos que Paraguay y Bolivia vivan los acontecimientos actuales, son los únicos dos países suramericanos que están dentro del rombo en un 100% de su superficie.- 

domingo, 1 de julio de 2012

El enfrentamiento entre la CGT y el Gobierno Nacional (Segunda Parte)


La organización sindical argentina reúne particularidades propias que la hacen diferente a las existentes en el resto de América y Europa. El justicialismo y la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) han fijado las bases filosóficas para un modelo nacional con validez universal. Existen tres modelos sindicales en el mundo: marxista, liberal y socialdemócrata.-
El modelo sindical marxista era un instrumento del Partido Comunista para la toma del poder político, al menos concebido así, hasta la implosión de la URSS y el Fin de la Historia de Francis Fukuyama. O sea, era un brazo al servicio del PC para afianzar sus planes estratégicos. Este modelo sindical está reñido con la idiosincrasia de nuestro pueblo.-
El sindicato liberal (o mejor dicho liberal-capitalista), es el típico sindicato de empresa, es una cortina de humo en la plutocracia internacional. En Argentina el ejemplo paradigmático fue la ex-Fiat.
El sindicato socialdemócrata se presentó como una tercera vía o la vía verdadera, actuando bajo las banderas del progresismo democrático y social, con metas que son, en la práctica, inalcanzables. El proyecto socialdemócrata socializa la gestión pero deja intacta la propiedad, inhibiendo al movimiento obrero organizado (MOO) de la verdadera participación que debe tener en la conformación de las políticas económicas y laborales para la nación.-
Por otra parte, priva al trabajador de la verdadera participación en la propiedad, que es la única participación efectiva, lo demás es bla, bla, bla.-
Responde el modelo sindical argentino a alguno de estos tres que acabamos de describir. La respuesta es no. El sindicato es una organización libre del pueblo, no un producto del Estado, es una creación de abajo hacia arriba, basada en el principio de solidaridad profesional, con representación unitaria por rama de producción o actividad y que tiene por finalidad la defensa de los intereses de los trabajadores, tanto económicos como sociales, políticos, culturales, etc.-
El sindicato busca la superación del salario para enraizarlo con la propiedad, pues la verdadera participación es en la propiedad. Podemos resumirlo así: hacer que el fruto del esfuerzo conjunto del capital y el trabajo allanen el camino de acceso a la propiedad.-
La desindicalización del peronismo con el avance “renovador”, luego de la derrota electoral de 1983, no solo alteró la estructura movimientista del peronismo, sino que la propia estructura sindical mutó.-
Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, el peronismo recuperó su espíritu movimientista y hasta selló una alianza con la CGT que parecía indestructible. El propio Néstor es quien respalda a Hugo Moyano para que alcance la Secretaría General de la central obrera.-
Los días previos al paro nacional del miércoles pasado, muchos simpatizantes y seguidores del gobierno, lanzaron críticas y colgaron el cartel de traidor sobre Hugo Moyano.-
El análisis, se hace insoslayable y a esta altura queda claro que es Cristina la que avanzó sobre Moyano, solo que este, a diferencia de Scioli (¿el obediente?) decidió presentar batalla en la arena política. Todos sus movimientos fueron torpes, un verdadero elefante en el bazar. Creo que Hugo conoce muy bien la arena sindical, pero nadie lo advirtió, en el mejor de los casos, o directamente no quiso escuchar, en el peor, que sus posturas y avances serían a pura pérdida de capital político, dentro y fuera del MTA, la CGT y el Movimiento.-
A estas alturas, debemos repasar sus reclamos públicos, acerca de la necesidad que en Argentina haya un trabajador como presidente, tal como planteara en el acto de River Plate y en el que Cristina optó por responderle, un detalle que no debe ser pasado por alto. A su reclamo, Cristina le dio entidad. A posteriori el cierre de listas para las elecciones de 2011 aumentaron las tensiones, aunque todos trataran de disimularlas.-
Lo venimos diciendo desde hace un tiempo, el sillón de la CGT ya tiene otro dueño y el gobierno, de manera legítima o no, apuesta fuerte en la interna sindical. Es necesario remarcar que siempre ha jugado, de hecho, Hugo Moyano accede a ese sitio con el apoyo de Néstor Kirchner. En los reclamos por lugares en las listas no queda claro si Moyano tironeaba por lograr que la CGT ocupe el rol de columna vertebral o directamente llevó la pelea hasta el límite de intentar ser cabeza del movimiento.-
Veremos en los próximos meses si el FPV se reconfigura, si teje nuevas alianzas y como se prepara para las elecciones de 2013, donde renueva pocas bancas por la baja performance electoral de 2009.-
Ese es el análisis de los cambios en la estructura de poder, horizontal y vertical, veremos si el gobernador de la Provincia de Buenos Aires sigue siendo obediente o decide dar pelea política como Hugo Moyano. La diferencia es que Scioli necesita mantener imagen y votos de cara a la sucesión en 2015. Por otra parte, veremos si la reconfiguración es solo de la estructura del FPV o existe un corrimiento en las políticas que fueron legitimadas en las últimas elecciones. La crisis económica-financiera mundial y las recetas aplicadas para resolverla, ponen en duda si la desaceleración en la actividad económica de los países emergentes, no llegarán a niveles de recesión. El desafío del FPV es sostener políticas que permitan a la clase trabajadora acceder a la propiedad, claro que los factores externos impactarán y se hará difícil sostener la demanda agregada y la actividad económica.-